[ Ir a Noticias ]

Mayo 09, 2005

En los últimos veinte años se triplicaron las escuelas privadas en la provincia

Hace 20 años funcionaba una escuela privada por cada diez públicas en Mendoza, en la actualidad la relación es de 3 por cada 10.

Entonces eran 199 y hoy son 630. Pagar por educación es una opción familiar en alza y el indicio más claro es que abren cuatro instituciones por año. Defenestrada por unos e idolatrada por otros, la gestión empresarial avanzó sobre el mapa educativo provincial y hoy casi el 40 por ciento de los colegios de nivel medio son privados.

El número de alumnos en estos institutos crece un 15 por ciento año tras año, pero las opiniones sobre este avance son diversas. Los dueños de los colegios sostienen que la fórmula de su éxito se basa en “seguridad física, más orden, más exigencia y calidad educativa”. Mientras que los defensores de la escuela pública aseguran que los padres buscan “status” y mayor contención horaria, porque están poco en casa.

Lo cierto es que, este año, pocos se vieron en la necesidad de invertir en propaganda y sí en ampliaciones edilicias. El San Francisco Javier abrirá una nueva sede en Godoy Cruz, el Pío X de San Martín construyó nuevas aulas, el San Miguel de Las Heras levantó la otra mitad del edificio y muchos agregaron cursos a contra turno.

Proyectos pedagógicos innovadores y orientados a temáticas específicas (arte, deporte, ecología, inglés) son propuestas por las que los padres llegan a pagar hasta 300 pesos mensuales. Si bien hay colegios de trayectoria reconocida (el 80% según la DGE), existen otros donde prevalece el concepto de “negocio”. Según la titular de Educación Privada, Lidia Fortín de Iñones, los que “carecen de liderazgo o de una buena oferta educativa terminan cerrando sus puertas, porque la sociedad les quita el crédito”.

El problema es que esto nunca sucede de un día para otro y, en el entretanto -que a veces se extiende años- alumnos y padres resultan afectados. El Gobierno habilita definitivamente un colegio recién a los tres años de controlar su funcionamiento. Sin embargo, esto no garantiza su perpetuidad. El San Francisco de Asís -por poner un ejemplo- cerró después de cinco años de actividad. En el Gran Mendoza, dejaron de existir al menos seis escuelas privadas en los últimos años (ver aparte).

Controles y enseñanza

Manuel Valenzuela, director de nivel medio del Nordbridge, señaló que “al tratar con grupos más pequeños y homogéneos (en lo sociocultural) se pueden lograr mejores resultados”. El proyecto curricular de su colegio ya contaba hace tiempo con más horas de lengua y matemática y con materias innovadoras como “Información general mundial”, donde los chicos leen y comentan las noticias.

Si bien estos institutos deben cumplir con la porción de programa que les exige la DGE, tienen la libertad de incluir otras materias y trabajar con los métodos pedagógicos que crean convenientes. Incluso el 70 por ciento de los privados optó por dejar el 7° año en la EGB3, alejándose de la decisión del Gobierno.

“En mi colegio, la directora cambia de materia cada año y los supervisores ni se meten”, comentó Liliana, docente de un colegio de Capital. Al respecto, Fortín de Iñones aseguró que realizan auditorías pedagógicas “como en las estatales”. En el otro extremo, Osvaldo Coll, presidente de la asociación de Colegios Privados, sostuvo que la DGE debería permitir una mayor flexibilidad en el armado de los programas. “Nos exigieron dar Tecnología, cuando sabíamos que no sería útil para el perfil de nuestros alumnos”, dijo.

Si bien hay institutos de alta calidad y nivel académico, no todo brilla en la gestión privada. Juegos de jardín en estado lamentable y atados con alambre, escasísimo material didáctico, aulas sin ventanas, escuelas sin calefacción y otras funcionando en pequeñas casas mal acondicionadas, el mismo baño para mujeres y varones, son algunas de las situaciones que Los Andes descubrió en un recorrido.

“En lo tributario y otros puntos legales, el control es tierra de nadie”, comenta David Salinas, titular de la Sadop (gremio docente). Estos ‘detalles’ llegan a ser desconocidos por los padres porque -coinciden los maestros- en general están lejos de la escuela. “Pocos indagan la calidad educativa que está ofreciendo la empresa. Van sólo a pagar las cuotas y, por su ritmo de vida y laboral, el abandono es mayor en las privadas”, expone Salinas.

Otra eterna crítica a los privados, es la colocación de las notas ‘según el bolsillo del cliente’. Mónica -profesora de 3er año- recordó que los directivos le hacían cambiar las calificaciones cuando sufrían de poca demanda, en cambio “hoy que los números cierran no molestan con eso”, dijo. Desde la DGE, el gremio y las asociaciones de privados aseguran que eso es un mito. Sandra -maestra de EGB1- asegura que “ajustar la nota es un mal que abunda tanto en las estatales como de las privadas”.


Docentes en negro y sueldos más bajos

Al no estar regidos por el Estatuto Docente, los profesionales de gestión privada sufren -son las denuncias más habituales en los gremios- irregularidades en los contratos y exceso de horas extras sin reconocimiento salarial. Cabe aclarar que en este sector, los cargos no se asignan por concurso, por lo que no se tiene en cuenta el bono de puntaje oficial.

Alejandra lleva ocho años trabajando en un colegio bilingüe del Gran Mendoza. Desde que consiguió el empleo en 1997, su relación laboral se basa en contratos semestrales. Con este artilugio legal, la empresa evita tener que pagarle vacaciones de invierno, de verano y antigüedad. “La estabilidad depende de si les caés bien a los directivos, por eso la mayoría trata de asegurarse un cargo público, también por la obra social”, dijo.

Según los gremios, en este sector hay más fluctuación docente, lo que atenta -entre otras cosas- contra la continuidad pedagógica. Sin embargo, desde la Asociación, Coll retrucó que “los buenos colegios cuidan a su plantel docente, saben que la calidad educativa vende y por eso hacen todo lo posible para retener a los buenos profesores”.

En el último tiempo, la Subsecretaría de Trabajo realizó inspecciones de oficio junto a la Sadop. “De a poco se van poniendo en regla. Había colegios reconocidos socialmente que llevaban 10 años con trabajadores en negro”, aseguró Salinas.

Por su parte, Marisa Navarta, del SUTE, denunció que “muchos colegios de cuotas altísimas no respetan la escala salarial de los docentes ni el pago del incentivo”, pese a que existen leyes nacionales que equiparan su situación con la de los que tienen sueldos del Estado. La gremialista admitió que pocos docentes hacen denuncias porque los gana el miedo a perder el empleo.

Sobre las situaciones contractuales, los gremios marcan una distinción entre colegios subsidiados y no subsidiados. Como los aportes estatales sólo se destinan al pago de sueldos, la DGE ejerce un mayor control sobre los haberes que están bajo su órbita.

Por ello, las mayores irregularidades se dan en los que no perciben aporte, aunque Salinas aclaró que hay instituciones subsidiadas que tienen en buenas condiciones a la porción del plantel docente incluida en el aporte y al resto en negro.

Las claves

Requisitos. Para abrir un colegio hay que acreditar solvencia económica por tres años, respaldo, certificado de buena conducta, un director con 9 años de antigüedad, títulos docentes, un mínimo de 30 alumnos.

Edificio. Debe contar con el certificado de habitabilidad para uso escolar expendido por el municipio.

Provisorio. La DGE entrega una autorización provisoria por 3 años, si pasa los controles le otorga la definitiva.

Controles. Los realizan, en lo pedagógico, supervisores elegidos por concurso. Deben cumplir con una plantilla básica de materias (85%) estipulada por la DGE.

Ya no están. Martín Lutero, Libertador San Martín, San Francisco de Asís, San Lucas y Clover.

En números. En EGB1 y 2, son 102 colegios y 42.169 alumnos. En EGB3 y Polimodal son 113 escuelas y una matrícula de 28.392. Se inscriben entre 3 y 4 por año.

Cuotas: van desde pequeños aportes a las cooperadoras (zonas vulnerables) a 300 pesos por mes.

Aportes. Del total de colegios privados, el 65 por ciento reciben aportes del Estado. Entre los subsidiados, el 66% recibe subsidio total, el 2% el 90% de aporte, el 11% el 80, el 4% el 70, el 7% el 60 y el 10% el 50.

Fuente: Diario LOS ANDES